Segundo aniversario del asesinato de Clodomiro Castilla Ospino: pretexto para reflexionar sobre el estado de la libertad de prensa en Colombia

 Clodomiro Castilla Ospino foto tomada del portal de la Flip

 

El sábado 20 de marzo de 2010 abrí la página electrónica de El Espectador, para enterarme del discurrir del país. Un subtitulo aciago me esperaba allí: El comunicador Clodomiro Castilla fue asesinado por sicarios en Montería. Cada una de las letras del titular me golpeó en lo más profundo del alma. La noticia ametralló mi espíritu. El acto de tomar conciencia del hecho destruyó por completo la poca confianza social, que aún depositaba en Montería y su hinterland.

 

Antes de convertirse en el combativo periodista, al que un sicario le disparó ocho tiros mientras leía un libro en la terraza de su casa, Clodomiro Castilla era reconocido por ser –más que todo- el hermano calavera de otro periodista cordobés con fama de hombre políticamente correcto. Comunicador nato, intelectual fallido y amigable como pocos, Clodomiro Castilla era, al comienzo de los 90, cuando lo conocí, considerado por el medio periodístico monteriano como un personaje que, usando la expresión acuñada por el escritor José Luis Garcés para referirse a los clientes del célebre bar El Percal, podríamos denominar sinónimo, antónimo y parónimo. Había unos que lo consideraban como un hombre brillante, que se había descarriado y llevaba una vida tarambana. Había otros que veían en él un loquito, que tenia la cabeza llena de cucarachas, debido a su sensibilidad por las problemáticas sociales. Y había quienes consideraban que Clodomiro era un lumpen, que dañaba la reputación del gremio y del oficio, debido a su reconocida adicción a las drogas.

 

La invención de la imprenta con caracteres móviles, obra del alemán Johannes Gutenberg, es uno de los grandes hitos de la historia de la cultura. La posibilidad de realizar tiradas de múltiples ejemplares de libros facilitó el acceso de un mayor número de personas en todo el mundo al saber escrito y conllevó radicales transformaciones en la política, la religión y las artes. Texto e ilustración tomados de biografiasyvidas

 

De hecho es ese último aspecto el que resaltó el más importante periódico regional a la hora de reseñar su asesinato. Sin ninguna conmiseración la redacción policial del Meridiano de Córdoba escarbó el pasado judicial del periodista inmolado, para inventariar los tropezones que tuvo éste a lo largo del curso de su vida. El día siguiente a su muerte este diario, citando fuentes policiales, nos presentó un curriculum vitae de Castilla, que lo muestra más como un individuo tenebroso, ligado al mundo del malevaje, sepultando bajo sus tropelías juveniles, de un plumazo, la labor valiente del hombre maduro que, a pesar de los riesgos que implica ejercer un periodismo critico en Córdoba, escogió el camino escabroso de ser “muy polémico en el ejercicio de su profesión”. 

La máquina de escribir, un instrumento que democratizo la actividad periodística.

 

En el portrait póstumo que levantaron del difunto los cronistas judiciales de El Meridiano se nos informa que Clodomiro Castilla Ospino “era un sujeto que registró varias entradas a la cárcel las Mercedes. En 1990 fue recluido por el delito de tráfico de estupefacientes; el 7 de noviembre de 1990 ingresó al penal por el delito de tráfico de moneda falsificada; el 26 de julio de 1993 entró a las Mercedes por el tráfico de estupefacientes; el 7 de enero de 1996 fue recluido por el delito de ultraje; el 1 de mayo de 1996 volvió a entrar en el penal por el delito de hurto; el 16 de abril de 1997 ingresó por el delito de hurto calificado. En otro informe de la Policía Nacional se le solicitó al Ministerio del Interior y Justicia hacerle una valoración médica y psiquiátrica, debido a su cambio de personalidad. Clodomiro Castilla fue cuestionado en un fallo del Fiscal Mario Iguarán Arana, que exoneró a la Defensora del Pueblo Ana Milene Andrade, por considerar que el denunciante no era confiable ni creíble. Varias personalidades de Córdoba, en el mencionado fallo, se refirieron a él como un hombre con problema de drogadicción. Las autoridades investigan los móviles de la acción criminal.”(Ver Meridiano de Córdoba, edición lunes 22 de marzo de 2010) 

 

Partiendo de la tesis de la antropóloga María Victoria Uribe[i], una de las estudiosas de la cultura de la crueldad y la impiedad en Colombia; la cual ha germinado al calor de la violencia política y el narcotráfico, se podría considerar que una nota de ese corte en vez de galvanizar el espíritu de la sociedad contra la barbarie y motivar su rechazo, desencadena un efecto contrario. Después de leer la nota, el simple parroquiano de a pie, que acude al periódico y a la televisión a la hora de formar su opinión sobre la realidad que lo circunda, termina justificando la muerte de la victima y elogiando al individuo atrabiliario, que se tomó la justicia por su propia cuenta. En síntesis, después de la lectura de dicha nota el más elemental de los lectores puede concluir, sin mayor  exégesis, que el muerto no fue un periodista “muy polémico en el ejercicio de su profesión”, sino un individuo con un abultado prontuario judicial, al que “que no se le mató de balde”.

 

Es eso lo que resalta el doctor en antropología de la universidad Complutense de Madrid y periodista Hugo Paternina Espinosa, en una nota que se detiene sobre el hecho. Para Paternina Espinosa “sobre el crimen de Clodomiro Castilla y el cubrimiento que fue dado por El Meridiano de Córdoba, llama la atención que el periódico […] haya registrado poco el hecho noticioso y se haya enseñado contra la “moral” del asesinado comunicador, de quien prefirió hablar menos del hecho en sí, es decir, de las posibles hipótesis del crimen, de su trayectoria y sus denuncias profesionales y éticas, para concentrase de manera criminal y alevosa en el número de entradas a la cárcel que había tenido este importante periodista en un momento de su vida cuando fue rehén de las drogas” (anarkismo). 

 

Por su parte el periodista Jesús Abad Colorado ahonda en la misma dirección de Paternina Espinosa. Colorado resalta que “para el Meridiano de Córdoba y el periódico sensacionalista El Propio, no murió un periodista, mucho menos un ser humano. A Clodomiro Castilla Ospino, director de la Revista El Pulso del Tiempo, asesinado en la entrada de su residencia […], estos periódicos y su dueño, director y gerente, William Salleg, lo trataron como un criminal. Y se regodearon desde la primera página de ambos medios con su muerte” (revistanumero). 

 

El micrófono: instrumento esencial en el periodismo de denuncia a escala masiva

 

El contexto en que se produjo el asesinato de Clodomiro Castilla

 

Colombia es uno de los países con uno de los recorridos históricos más complejos y difíciles de analizar en América. No obstante ser catalogado por propios y extraños como uno de los cinco países con mayor tradición democrática en el continente, al lado de Estados Unidos, Canadá, México y Costa Rica, este país ostenta también uno de los peores record, en todo el mundo, en materia de crímenes de carácter político, de crimines contra periodistas, sindicalistas y profesores.

 

En su conjunto esos elementos han hecho de él uno de los escenarios más difíciles para el desarrollo de la oposición política, para el ejercicio de la libertad de expresión, de asociación y de cátedra, principios que son caros y fundamentales a toda democracia. El asunto es bastante sensible y tratarlo abiertamente es siempre fuente de controversia, de debates inflamados y de dolores de cabeza para quien se atreve a ponerlo sobre la palestra.

 

El computador: herramienta fundamental para la materialización de la libertad de expresión sin censura

 

Resulta paradójico, pero Colombia es de los pocos países “democráticos” del mundo, que registra una de las crisis más prolongadas en materia de derechos humanos de la historia contemporánea. Las cifras hablan por si solas. Este es el único país democrático que  integra el grupo de los países que más producen refugiados políticos en el planeta. Esto sin contar que es también el segundo con mayor número de desplazados internos. Según un informe de Radio Caracol, en Colombia, entre 1992 y 2008, hubo más desapariciones forzadas que en Chile, entre 1973 y 1989, periodo que corresponde en el segundo país a la dictadura de Pinochet. A esta dictadura se le atribuyó el asesinato y desapareció de tres mil personas en 16 años. La paradoja es que, según cifras de la Fiscalía general de la nación, en Colombia ese fue el promedio trimestral de desaparecidos a partir de 1993. Según cálculos de la Fiscalía, en Colombia ‘‘habrían desaparecido 25 mil personas’’ entre 1988 y 2008, lo que equivale a una tasa de 1.062  personas mensualmente.

 

Para contrarrestar las críticas que le ha granjeado en el plano internacional su interminable crisis humanitaria, el gobierno colombiano ha lanzado en todas las esquinas del mundo una agresiva campaña diplomática, que busca promocionar el talante democrático del país. Desde el comienzo de la década pasada se han podido leer en los portales de las embajadas colombianas, en casi todos los países importantes del mundo, mensajes como el que sigue, que está colgado en la página electrónica de la Embajada colombiana en Alemania: « Colombia es la democracia más antigua y estable de América Latina, con elecciones democráticas consecutivas cada cuatro años durante los últimos 50 años. […] En Colombia existe libertad de prensa.»

 

Sin embargo, como bien lo subraya el historiador Eric Hobsbawm, el modelo democrático colombiano no es más que un «modelo sobre el papel de democracia constitucional […], casi completamente inmune a los golpes militares y a la dictadura en la práctica”, que no le ha impedido al país de convertirse “a partir de 1948  […] en el campo de la muerte de Suramérica.»[ii] Los elementos que resalta Hobsbawm son retomados igualmente por el historiador Charles Bergquist en su crítica al libro La Nación soñada de Eduardo Posada Carbo. Según Bergquist, “la debilidad de las fuerzas populares y de izquierda es lo que mejor explica la ausencia relativa de militarismo y dictadura en la historia del siglo xx de Colombia.[iii]”. Sin embargo esto no le ha impedido a un amplio sector del establecimiento de recurrir al crimen político para garantizar la buena salud del statu quo.

 

Ilustración de la red de internet: sistema que ha facilitado la democratización del acceso a la información y ha materializado el derecho a comunicar las opiniones personales. Ilustración tomada de tecnocosas

Para Bergquist, aquellos que se ufanan en ensalzar la tradición democrática colombiana, se niegan a reconocer que esa tradición democrática ha estado signada por un “conflicto perenne entre liberales y conservadores a lo largo del siglo xix”. Ese conflicto dio origen a un “sistema político bipartidista, sectario, clientelista y excluyente”, que se las arregló durante largo tiempo para cerrarle las puertas de los dos partidos históricos a las fuerzas provenientes de sectores distintos a las elites tradicionales. De igual modo, estas élites excluyeron de la vida política nacional a todas aquellas fuerzas políticas que no representaban sus intereses.

 

Lo anterior, como lo advierte Hobsbawn, indujo al levantamiento de amplios sectores de la población contra el Estado, lo cual ha llevado a Colombia a experimentar ‘‘la mayor movilización armada de campesinos (ya sea como guerrilleros, bandoleros o grupos de autodefensa) en la historia reciente del hemisferio occidental, con la posible excepción […] de la Revolución mexicana’’. En fin, para evitar el advenimiento ‘‘de una revolución social’’ las élites nacionales han ‘‘hecho de la violencia el meollo constante, universal y omnipresente de la vida pública’’. Ese comportamiento ha degenerado, como lo afirmó Fernando Cepeda Ulloa, en ‘‘el conflicto armado más [complejo] significativo y prolongado en la historia del hemisferio occidental’’[iv].

 

Los razonamientos de los historiadores Hobsbawm y Bergquist, que perfilan a Colombia como un país con una elite que sabe guardar muy bien las apariencias, nos ofrecen varias pistas para intentar un análisis del asunto de la libertad de prensa allí.

 

Así el gobierno y sus intelectuales afectos salgan a pregonar a los cuatro vientos que «en Colombia existe libertad de prensa», la realidad incontrovertible es que en Colombia se mata más periodistas que en la mayoría de países del mundo. En síntesis, si bien es cierto que el Estado no amordaza a los periodistas, tampoco hace su deber para impedir que estos sean asesinados por sicarios rentados por sectores partidarios de la conservación del statu quo, empeñados en impedir que estos lleven a cabo su trabajo dentro de los mandamientos éticos que su profesión les impone.

 

Sobre lo peligroso que se ha vuelto ejercer el periodismo en Colombia después de los años 80, el periodista Francisco Santos Calderón sostuvo el 12 de mayo de 2002, en un articulo publicado por la Revista Interforum, que “Colombia es el país donde ha sido asesinado el mayor número de periodistas en los últimos 15 años” y para él –en aquel momento- estaba “claro que las posibilidades de morir asesinado en Colombia son elevadas, y más aún cuando se es periodista”.

 

La cámara fotográfica: instrumento fundamental en la documentación de una investigación periodística

 

En el fondo las cosas no han cambiado mucho después de que Santos escribió su nota. Según un informe del diario El Tiempo fechado el 23 de noviembre de 2011, “139 periodistas han sido asesinados en Colombia en los últimos 34 años” y en 57 de los casos “la justicia ya no puede sancionar a los responsables de los crímenes”, porque éstos han “prescrito en manos de las autoridades”, sin que éstas hayan identificado a sus autores.

 

De acuerdo con la Flip, “el 90% de los casos de periodistas asesinados antes de 1991 han quedado impunes”. Dentro de esa lógica, como lo sostiene el Knight Center, de la universidad de Texas en Austin, "La impunidad” se ha convertido en Colombia en “la más perversa invitación a que los delincuentes repitan sus crímenes" contra periodistas, pues "si los crímenes y las agresiones contra informadores y medios de comunicación no tienen sanción y, por el contrario, van en aumento, ¿cómo garantizar el derecho ciudadano a la información?"

 

El caso Castilla es una prueba fehaciente que valida la hipótesis del  Knight Center. Según el periodista Deison Dimas, que se ocupó de pesquisar por el estado de la investigación en este caso, “a pesar que el 18 de octubre de 2010, las autoridades oficiales afirmaban con certeza la identificación de los autores materiales del asesinato, no existe hoy en día ningún proceso judicial relacionado con el crimen”. Sobre el grado vergonzoso de impunidad que rodea los casos de periodistas asesinados en Córdoba, un caso paradigmático podría ser, como no los muestra el mismo Dimas, el caso del asesinato de Gustavo Rojas Gavalo.

 

La grabadora: un instrumento esencial para la documentación en el periodismo radial

 

Rojas Gavalo fue asesinado el 4 de febrero de 2006. Según Dimas por el asesinato de Rojas Gavalo fueron capturados cuatro desmovilizados de las AUC, conocidos en el medio criminal con los apodos de “Pambe”, “El Negro”, “El Guajiro”, y “Fuego verde”. Sin embargo “la investigación judicial no llegó a buen curso, pues la defensa arguyó la presencia de un falso testigo presentado por el investigador de la Sijín que llevaba el caso. Así, los desmovilizados lograron su libertad  y el investigador del caso fue trasladado a otra ciudad”.

 

Lo inverosímil de esta historia es que “cada uno de los sindicados fue asesinado posteriormente en hechos sicariales”. Para colmo “el investigador de la Sijín que investigó en el 2008 este y otros homicidios, Robert Bonilla Nadat, fue asesinado el domingo 13 de marzo de 2011 en el barrio Casita Nueva de Montería”. Con esta serie de crímenes el asesinato de Rojas Gavalo prácticamente quedó sepultado bajo el manto de la impunidad para siempre.

 

Gustavo Rojas Gabalo: foto tomada de eluniversal

 

Muertes de periodistas: muertes que evidencian la indefensión del hombre pensante frente al hombre que mata en un país de Estado precario

Prototipo del hombre que mata

 

Según Felix Ortega y María Luisa Humanes[v] la actividad cotidiana que realiza el periodista es fundamental para el funcionamiento de la sociedad moderna. A través de su labor el periodista registra, refleja y termina por dibujar los contornos de la sociedad en que vive. Gracias al registro y análisis que éste lleva a cabo de los acontecimientos cotidianos que lo rodean, la gran mayoría de las personas pueden tomar una posición definida frente a los grupos sociales y a las personas que protagonizan los acontecimientos, que dinamizan u obstaculizan la vida de la sociedad en su entorno geográfico.

 

En tal sentido, como lo sostiene el manifiesto de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), “sin periodistas, no hay periodismo y sin periodismo, no hay democracia”, porque la actividad periodística es ‘‘un pilar fundamental’’ de este sistema político, puesto que es un ‘‘motor imprescindible de la convivencia, el diálogo y el debate cívico’’. La confianza social, que es alimentada por la libertad de prensa, de expresión y de información, es fundamental para que existan los tres aspectos anteriores, que resultan indispensables para la salud de toda sociedad, que se precie de garantizar el respeto de los derechos individuales. 

 

Para la escritora y religiosa cubana Zenaida Bacardí de Argamasilla el periodismo ‘‘no es un oficio: es una vocación’’. Por eso el periodista es al mismo tiempo ‘‘batallador, filósofo, profeta, conductor y maestro’’. Esas cualidades son las que hacen que ‘‘un buen periodista no se “atasque” a la hora de la prebenda, ni del miedo, ni del soborno’’.  Por su parte el comunicador social boliviano Gunnar Zapata Zurita considera que el ‘‘trabajo periodístico constituye una de las profesiones de elevado nivel de esfuerzo y compromiso con la sociedad […] y el Estado’’, porque el periodista con su labor cotidiana no solo hace posible la validación del ‘‘ejercicio de la libertad de expresión’’, sino que materializa ‘‘el derecho de la información y la libertad de prensa’’. Zapata Zurita considera que con su labor cotidiana, el periodista se convierte en un agente fundamental para hacer respetar los derechos humanos y ciudadanos (jzapata)

 

En opinión de Marcelino Llano el periodista es siempre un ‘‘testigo o mensajero […] incómodo’’, porque todo periodista, que tiene claridad sobre los deberes que le impone su profesión termina por convertirse, sin proponérselo, en un librepensador, convencido de la importancia fundamental que tiene su trabajo para el buen funcionamiento de la sociedad. Por eso el periodista termina siendo el primer fiscalizador de todo lo que en ella ocurre. De ese modo el trabajo responsable del periodista convierte al periodismo en el primer dique, que protege a los ciudadanos contra los desbordamientos de los actores que detentan el poder político y económico. Abundantes son los casos que demuestran que sólo la labor de los periodistas y los medios han obligado a estos actores a moderar sus intereses y a plegarse a los deberes, que les imponen las instituciones de una sociedad democrática.

 

Prototipo del hombre que piensa: ilustración tomada de tecnica

 

La disposición del periodista a visibilizar de diferentes maneras los comportamientos que ponen en peligro la vigencia de los derechos civiles o que pueden agrietar las instituciones sociales hacen del periodismo una ‘‘profesión de riesgo’’. Eso queda en evidencia en países como Colombia donde, como lo sostiene Marcelino Llano, ‘‘los cadáveres de periodistas son una atrocidad prácticamente cotidiana’’. El número de periodistas asesinados en este país representa, como diría Rafael de Loma ‘‘un promedio terrorífico de víctimas’’, que nos permiten de ‘‘calibrar el peligro del ejercicio de la profesión’’ en ciertos de los mal llamados ‘‘países del tercer mundo’’.

 

Sobre la confrontación entre el hombre que mata y el hombre que piensa, el sociólogo y periodista Max Nordau sostuvo que, desde la noche de los tiempos, ha existido una lucha sin cuartel entre dos tipos de seres humanos: aquellos que están dotados de la fuerza, el coraje y la destreza para el manejo de las armas (el hombre que mata) y los individuos débiles, temerosos e ineptos para el combate. ‘‘La lucha tenía un interés serio y todas las armas que en ella se empleaban eran buenas. El más fuerte degollaba al más débil, el más listo burlaba al más tonto, el hombre vigilante sorprendía durmiendo al hombre descuidado. […] Esta situación, en la cual, para no morir, había que ser el más fuerte en todas las circunstancias y frente a todos los hombres, cesó al formarse el Estado jurídico’’. Con la aparición del Estado jurídico, gobernado por el derecho, como lo advierte Nordau, comenzó la sociedad civilizada, en la que si el individuo es demasiado débil para protegerse contra un agresor más robusto, llamado en su ayuda a la sociedad, pues ésta será siempre más fuerte que el más robusto de los individuos.

 

Sobre esa lucha Francis Fukuyama[vi], a partir de la interpretación de Hegel, sostiene que el logro principal de la sociedad moderna, edificada cautelosamente por el hombre pensante a pesar de la dominación del hombre que mata, ha consistido en estructurar un sistema jurídico, que le ha otorgado a cada ser humano un reconocimiento reciproco y universal, en el que cada ciudadano reconoce la dignidad y humanidad de su prójimo, dignidad que es amparada por el Estado, gracias al reconocimiento de un conjunto concreto de derechos. El ascenso de esa sociedad, gobernada por los principios de la soberanía popular y el reino de la ley, llegó con la Revolución Francesa y la Independencia de los Estados Unidos, que dieron inicio a un nuevo tipo de sociedad que dejo de regirse por la ley del embudo, que le confería al individuo más fuerte el privilegio de hacer su voluntad.    

 

A pesar de que nuestro país vino a este mundo dentro de la lógica del discurso racional, que fundó con la Revolución Francesa y la Independencia estadounidense la sociedad moderna, gobernada por la democracia liberal, no ha podido conseguir que ese discurso se implante del todo en nuestra sociedad. Por eso Colombia, con su matanza sempiterna de profesores, de dirigentes de las fuerzas políticas de oposición, de presidentes de organizadores sindicales y de periodistas, no pasa de ser, como diría el escritor Sergio Ramírez, un monstruo de la razón. Esa incoherencia ha quedado patentada en nuestras constituciones, que han hablado siempre de ‘‘respeto a los derechos individuales, libertad de expresión, igualdad ante la justicia’’, lo cual ha hecho de ellas unas novelas, ‘‘fruto de la imaginación’’, que dan cuenta de que hemos intentado la modernidad, pero no hemos podido apropiarnos de los modelos que ella nos ha propuesto. Por eso nuestro país podría definirse, usando las palabras de Ramírez, como un lugar en el que saltan a la vista las diferencias ‘‘entre el ideal imaginado y la realidad vivida, entre el mundo de papel de las leyes y el mundo rural donde se engendra la figura del caudillo’’, que somete a la sociedad ‘‘al arbitrio de su voluntad’’, la cual impone a sangre y fuego, apoyado sobre el pavor que infunde su ejército privado de hombres que matan (laprensagrafica).

 

Instrumentos básicos del hombre moderno que piensa

 

La vigencia del rol social del hombre que mata es una de las razones que explican la popularización de la cultura que venera la crueldad y ha conducido al empoderamiento de la impiedad, como manifestación identitaria de un segmento de la población de la Colombia de nuestro tiempo. En opinión del filósofo Stanislaus Bhor, Colombia es uno de esos países del mundo, donde “la sociedad ha vindicado al hombre que mata, naturalizándolo; volviéndolo parte de la cultura y de la fauna social”, pues aquí “matar es un trabajo” como cualquier otro, porque aquí “el crimen paga” y “el crimen se paga”. Dentro de ese contexto la sociedad ha presenciado –entre atónita y complaciente- “el advenimiento” y la entronización “del homo occidere: el hombre que mata para poder vivir”. El fenómeno ha sido estimulado por el auge de la violencia política y el comercio de drogas, que han conllevado a que el asesinato perpetrado “por cualquier bando” haya “alcanzado en nuestra cotidianidad el sitio de una función social” indispensable (hermanocerdo).

 

Esta sociedad, administrada por un Estado precario e ineficiente, ha terminado confiriéndole al “asesinato” el rol de un servicio –o de un bien- a considerar, cuando de resolver un conflicto complejo se trata. Por esa vía el homo occidere ha terminado ocupando un lugar privilegiado; al lado del juez y del abogado, a la hora de resolver litigios incómodos. En medio de una atmósfera social regida por la inmoralidad en la gestión de lo público y la amoralidad social, condimentada paradójicamente en exceso por los preceptos de la moralidad religiosa, la violencia se ha convertido en “un mecanismo de supervivencia y de ascenso social”. Esto hace que el asesino no sea visto “necesariamente como un monstruo” y que el crimen se considere “dentro de las opciones que la misma sociedad ofrece para ascender socialmente”, pues éste se legitima “con la impunidad, porque si nadie paga por los crímenes, todos los desmanes se pueden cometer, uno tras otro” (hermanocerdo)

 

Instrumentos modernos para el hombre que mata

 

De la trascendencia social que alcanzó en Córdoba el rol del hombre que mata en el momento en que Clodomiro Castilla reorientó su vida dan testimonio cuatro eventos. El primero de ellos se produjo en marzo del año 2.000. Despuntando ese mes más de 5.000 personas invadieron un predio privado en el sur occidente de la ciudad, reclamando acceso a vivienda para pobres, a precio razonable. Como el Estado, representado en el alcalde y sus fuerzas policiales, fue incapaz de obtener el desalojo de los invasores del predio privado que ocupaban, un sector de la sociedad acudió –en secreto- a los servicios del hombre que mata. De la noche a la mañana la ciudad fue invadida por una oleada de pasquines, en los que se anunciaba la llegada de un escuadrón de hombres pertenecientes al autodenominado "Comando Central Muerte a Invasores"».

 

Según un informe de radio Caracol de ese año, los volantes advertían: «si el próximo martes a las cinco de la mañana no son desocupadas las invasiones» los hombres destacados a la ciudad por parte del comando «eliminaran a los que persistan en ocupar los predios». En uno de sus apartes el pasquín, que constaba de siete puntos, señalaba que el comando había traído «personal entrenado y armado procedente de Medellín, El Urabá y Valledupar dispuesto a eliminar líderes, coordinadores, voceros», fueran estos «periodistas o no, y a todo el personal que no hubiese desalojado las invasiones» en el plazo que ellos había determinado.

 

En el último punto el documento afirmaba: "A todas las personas pacificas que han invadido estas tierras y que sabemos que son mayoría por su bien y el de los suyos, desalojen estas propiedades y acójanse a la generosa oferta de Fun Pascor, que donó treinta hectáreas para su reubicación porque no queremos que inocentes caigan en la limpieza social que ya comenzamos"».  Coincidencialmente el día que comenzó a circular el pasquín fue asesinado por cuatro desconocidos el concejal conservador Guillermo Córdoba Galarraga. El asesinato de Córdoba se produjo a pesar de que la ciudad se encontraba bajo la medida de toque de queda (eltiempo).

 

El segundo hecho de trascendencia, que vale destacar, es la injerencia profunda que tuvo una de las poderosas confederaciones nacionales de los hombres que matan en la modelación del destino de la Universidad de Córdoba, en la primera década del siglo XXI. El 28 de marzo de 2000, miembros de esa confederación interceptaron un bus de la universidad, secuestraron dos estudiantes y un mes más tarde, el día del trabajo, secuestraron al rector de la universidad para obligarlo a desistir de sus intenciones de hacerse reelegir en el cargo. Cuatro meses después de sucedido este hecho, uno de los jefes de dichos grupos intervino ante el Consejo Superior Universitario. Su intervención se produjo para garantizar que el candidato, que había alcanzado la mayoría de los votos en la consulta a la comunidad universitaria para seleccionar candidatos a rector, fuera también el elegido por el Consejo Superior, que tenía entre sus facultades la posibilidad de desconocer los resultados de la consulta.

 

El tercer suceso aconteció en el año 2001, cuando se acercaban las elecciones para congreso de la república y se preparaban las elecciones presidenciales. En esa ocasión el jefe político de la misma confederación de los hombres que matan convocó a “más de cincuenta políticos de diferentes regiones del país, entre Senadores, Representantes, Concejales y Alcaldes”, con el objeto de “refundar la patria”, “crear un nuevo pacto social” y “construir una nueva Colombia”(semana). El pacto fue refrendado por dos gobernadores y en la última línea del documento se establece taxativamente: “En este documento queda constancia de los asistentes a esta reunión (sic), firman a voluntad propia” (wikipedia). El pacto les permitía a los políticos firmantes de neutralizar a sus adversarios, constreñir a los electores de sus regiones y –por ende- garantizar su elección sin contratiempo[vii].

 

Finalmente está el evento relacionado con el rol de mediador en los conflictos laborales, que adquirió el jefe de la misma confederación de los hombres que matan. Cuando los patronos y obreros de la región no podían ponerse de acuerdo sobre dichos temas, este organismo intervenía para propiciar la concertación entre las partes. El hecho que sacó ese rol a la luz pública sucedió el 16 de diciembre de 2001, cuando los directivos de la Universidad de Córdoba y los miembros del sindicato de profesores y de trabajadores fueron citados al campamento central de dicha confederación. De acuerdo con los testimonios de los líderes sindicales que fueron forzados a asistir al encuentro, “Salvatore Mancuso citó esa reunión para tratar temas importantes de la vida universitaria, […] es decir para que le rindieran cuentas”. Haciendo uso de su rol de mediador, “se mostró interesado en resolver las diferencias que habían surgido en torno al manejo de la universidad, en especial a la repartición de la torta burocrática”. En el curso de la reunión, Mancuso recomendó de “iniciar un proceso de reestructuración de la Universidad y renegociar la convención colectiva con el sindicato” (sintraisa).

 

"Masacre de Mejor Esquina" (1997) Fernando Botero:  Imagen tomada del blog elclip2011

 

Paradójicamente, la repugnancia generada por ese ambiente social dominado por la criminalidad, la relación de ésta con la clase política y la generalización del culto al homo occidere fueron los elementos que terminaron revelándonos el coraje y la bonhomía social de Clodomiro Castilla. Como bien lo sostiene el filósofo Rafael Gómez Pérez, es en medio de las situaciones de violación de derechos donde aparece también aquel individuo que se atreve a exclamar «no hay derecho», dando inicio a un proceso de indignación que se convierte en todas partes en “la primera y más importante declaración de la existencia de la ética” (obracultural).

 

El caso de Castilla sirve para corroborar la apreciación del filósofo Gómez Pérez. Su talante de hombre cívico salió a flote, en medio de un contexto social en el que se llegó al extremo de que los grupos de justicia privada tuvieran su sede social frente al comando departamental de policía. En ese hervidero de degradación moral emergió, prácticamente de la nada y en el individuo menos esperado, un periodista combativo, que –en solitario- se atrevió a levantar la voz frente a una situación generalizada de violación de los derechos humanos y de atávica inmoralidad en el manejo de lo público.

 

Para deshacerse de la labor fiscalizadora del homo sapiens (hombre que piensa), el homo occidere (hombre que mata) recurrió a la fuerza bruta. Por eso dos sicarios, posiblemente cuasi-analfabetas, acabaron con la vida de Clodomiro Castilla, cuando se encontraba leyendo solo en la terraza de su casa, ‘‘acompañado de sus perros’’. Hoy a pesar de que el presidente de la época, como lo informó el diario El Espectador, ofreció una ‘‘recompensa de 26.300 dólares por información que permita capturar a los responsables del asesinato’’, el crimen contra Castilla sigue impune.  

 

Con Clodomiro nunca me tomé una fría

 

Como lo dice un dicho popular: “el vuelo de una sola golondrina no hace verano”. La soledad que rodeaba la lucha de Clodomiro me recuerda una tesis de uno de mis profesores de historia. Al referirse a las élites sociales, afirmaba mi profesor que “estas cumplen en toda sociedad la función de agente legitimador y normalizador de los comportamientos sociales y de las manifestaciones culturales que van a universalizar a esa sociedad. Esto hace que una manifestación cultural o un comportamiento social se convierta en algo legítimo el día que la élite lo asume como algo socialmente aceptable y lo incluye dentro de su imaginario y su estilo de vida”. El rol legitimador de las elites sociales en el caso de los gobiernos autoritarios, del modelo de Estado fascista y de las dictaduras de América Latina es un asunto profusamente analizado por Fukuyama en su análisis sobre la debilidad de modelo de Estados fuertes.

 

A finales de la década de 1990, cuando decidió alejarse definitivamente de las drogas, reorientar su vida y dedicarse de lleno al periodismo, Clodomiro Castilla emprendió su cruzada contra una verdadera legión de molinos de viento. Como ya lo anotamos, en ese momento los grupos de paramilitares se encontraban en pleno auge. En los periódicos regionales no faltaban quienes estuvieran dispuestos a escribir editoriales para justificar su rol. El matrimonio entre los políticos de la región y estos grupos se consolidaba a la vista de todo el mundo. Las voces más influyentes del empresariado local no paraban de elogiar el patriotismo de sus jefes. Esto sucedía a pesar de que las acciones de dichos grupos contra la población civil ponían cada vez en evidencia mayores grados de crueldad.

 

La última vez que hablé con Clodomiro, fue en una exposición de jóvenes pintores cordobeses, organizada por el Banco de la República.  Ese día me dijo: “¡Viejo man te cuento que dejé la mona!... Cristo me ha sacado del infierno de la droga. Ahora si voy a practicar el periodismo como Dios lo manda. Espero que tú y yo podamos asociarnos en esa causa”. Con un rictus de escepticismo le dije: “eso sería bueno, pero en estás tierras los palos no están para cucharas”. Quedamos de encontrarnos para ultimar detalles sobre un programa de radio, que combinara el periodismo de denuncia con música antillana y rock, información cultural y debates sobre temas de actualidad. La cita nunca se concretó. Varias semanas después yo debí abandonar Montería por amenazas de muerte.

 

El 20 de marzo de 2010, cuando abrí El Espectador y me estrellé con el titular que informaba sobre su muerte y anunciaba una recompensa del presidente por información que condujera a los responsables de su asesinato, sentí un golpe demoledor. Consternado, no fui capaz de continuar leyendo el resto de la nota, porque pensé que estaba leyendo la noticia de mi propio asesinato.

 

Diezmado por la rudeza de la deflagración emocional tuve que pararme a tomar un poco de aire. En el fondo ese muerto lejano, con el que no me ví más de cuatro veces en mi vida, también era yo mismo. En ese momento volví a hacerme esas preguntas que no había dejado de hacerme después del cinco de abril de 2000 cuando abandoné la capital de Córdoba: ¿qué me hubiese pasado si no hubiera salido de Montería? ¿Qué podría pasarme si decido regresar? Lamentablemente la respuesta me la rebeló el titular de la noticia que me informó sobre el asesinato de Clodomiro.

Foto del cuadro Los fusilamientos de Goya

 

Han pasado dos años de la muerte de Clodomiro. El tema a nivel local, como dice la canción de Edith Piaf, fue payé, balayé, oublié. Al final, como lo sostienen ciertos observadores extranjeros, en Colombia ese tipo de sucesos hacen parte de los hechos diversos que animan la vida cotidiana ‘‘de una sociedad que –como lo resaltó un editorial del diario El Tiempo- ignora su pasado’’, una sociedad donde no se puede discutir con seriedad y sin intolerancia los problemas que la aquejan, aunque sus habitantes afirmen en baja voz –todos los días- que son ‘‘víctimas de un destino inevitable de violencia, corrupción, impunidad, arbitrariedad y exclusión’’, que ha hecho de ellos ‘‘un pueblo sin historia’’.  En este país, como en el pueblo ficticio de Macondo,  la "historia ha sido desterrada de la memoria’’ de la gente, pero esta vez por decreto. 

Caricatura sobre represión de la libertad de expresión: tomada de taringa

 

[i] Uribe, María Victoria. 2004. Anthropologie de l’inhumanité : essai sur la terreur en Colombie. Paris : Calmann-Lévy, 167 p.

[ii] Hobsbawm, Eric. 2004. «Un Historiador Inglés Se Entera De Colombia». Lecturas fin de semana de El Tiempo. Bogotá: El Tiempo, Domingo 25 de enero de 2004, Lecturas fin de semana. Récupéré le 20 joins 2008 de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1541391

[iii] Bergquist, Charles. 2005. « Eduardo Posada Carbó. La nación soñada. Violencia, liberalismo y democracia en Colombia ». Anuario colombiano de historia social y de la cultura, N^o 35, p. 472-475 http://www.revista.unal.edu.co/index.php/achsc/article/viewFile/18310/19230

[iv] Cepeda Ulloa, Fernando. 2004. « Acuerdo Oea-Colombia». El Tiempo (Bogotá), Sábado 7 de febrero de 200 4http://www.eltiempo.com/archivo/buscar?q=Fernando+Cepeda+Ulloa&producto=eltiempo&x=13&y=12&a=2004&pagina=2

[v] Ortega, Felix y María Luisa Humanes. 2000. Algo más que periodistas. Sociología de una profesión. Ariel: Barcelona, 240 p.

[vi] Fukuyama Francis. 1992. La fin de l’histoire et le dernier home. Paris : Flammarion, 452 p.

[vii] Torres Bustamante, María Clara. “El contrato social de Ralito”.  Revista Cien días vistos por Cinep Núm. 60 abril 2007, p. 1-5.